Carta a Erika Hennings de Francisco Rivera, coordinador estudiantil de Unrow Human Rights Clinic, clínica legal que interpuso una demanda contra Augusto ante la Corte Federal de Washington D.C el 13 de noviembre de 2002. La misiva es para informarle a Erika los avances de dicha tramitación.

Carta emitida por el Grupo de Trabajo Jurídico compuesto por Erika Hennings Cepeda, Raúl Flores y Elias Padilla, que informa los avances judiciales ante la presentación de una Querella Criminal por los desaparecidos y ejecutados políticos.

Fotografía de Erika Hennings, directora de Londres 38, presente en la Corte Suprema durante la tramitación de la querella por la desaparición forzada de Álvaro Vallejos.

Fotografía de Erika Hennings y Magdalena Navarrete, directoras de Londres 38, espacio de memorias, en la presentación de la querella judicial por la desaparición de Álvaro Vallejos Villagrán.

Fotografía de Raquel Espinosa Townsend, madre de Miguel Y Edgardo Enríquez, fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La imagen corresponde a la asistencia de Raquel a los Tribunales de Justicia el 29 de marzo de 2001 para ratificar la firma de la querella interpuesta por familiares, amigos y compañeros contra Augusto Pinochet Ugarte y todos quienes resulten responsables de la muerte y desaparición de más de quinientos miristas entre 1973 y 1990.

Entrevista a la periodista y sobreviviente Gladys Díaz, quien junto a otras 40 personas presentaron una querella contra quienes resulten responsables por secuestro y torturas cometidas en Villa Grimaldi.

Reportaje sobre querella presentada por 41sobrevivientes contra agentes de la DINA, por torturas, secuestros y desapariciones cometidas en dictadura.

Con el propósito de que la justicia investigue y determine el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas, Londres 38 espacio de memorias inicia una querella por los delitos de inhumación ilegal y asociación ilícita contra quienes participaron en estos hechos criminales.

El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".