Nota sobre la conferencia de prensa en la que participaron Magdalena Navarrete y Nelly Berenguer, representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Línea Fundadora) quienes se entrevistaron con el ex agente Osvaldo Romo Mena en la cárcel de Brasil donde se encuentra detenido a la espera de su expulsión.

Portada del periódico La Nación sobre declaraciones del ex agente de la DINA Osvaldo Romo. Se incluye fotografía de la Ministra Gloria Olivares, quien está a cargo de la investigación del caso Chanfreau.

Ex agente de la DINA, Osvaldo Romo, pidió protección para él y su familia como condición para regresar a Chile a declarar tras su detención en Brasil. La nota incluye datos de su paso como "Comandante Raúl" en la población Lo Hermida antes del golpe de Estado y su ingreso a la DINA.

Corporación de Asistencia Judicial asumió la defensa del ex agente de la DINA Osvaldo Romo, provocando la renuncia de los abogados Luis Bates y Davor Harasic, sosteniendo que patrocinar la defensa de Romo resultaba incompatible con la intención de la Corporación de llevar casos de violaciones a los derechos humanos.

Dirigenta comunista Mireya Baltra señala que Romo reconoció en Brasil su participación en más de cien muertes de detenidos desaparecidos.

Entrevista al magistrado brasileño Toru Yamamoto, quien entrega datos sobre la detención de Osvaldo Romo en Brasil y la posibilidad de ser entrevistado por medios extranjeros.

Se extiende plazo para tramitación de expulsión de Romo

Ex agente de la DINA Osvaldo Romo, permanece detenido en Casa de custodia en la ciudad de Sao Paulo, tras su detención y se espera su expulsión de Brasil para ser juzgado en Chile por violaciones a los derechos humanos.

El ex agente de la DINA Osvaldo Romo comunicó a la Corte Suprema brasileña su deseo de ser expulsado a Chile para prestar declaración por los casos que se le imputan.

Abogado querellante del caso Chanfreau, Nelson Caucoto y integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se pronuncian para evitar la amnistía de Romo, sosteniendo que el decreto ley Nº 2191de 1978 es jurídicamente inaplicable en casos de secuestro y desaparición forzada.